Portal Semanario
Año 13. No. 685. del 17 al 23 de febrero 2019
Premio de Comunicación Alternativa
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TRABAJANDO POR LA CIENCIA

 

CARGOS Y CAMBIOS EN LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

*El escándalo por nombramientos aberrantes opacó la presentación de una reforma con bemoles.

Por Carlos Guillén S.

Integrante del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear y

colaborador voluntario de Frecuencia Laboral

Publicación Original del Portal www.frecuencialaboral.com

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A últimas fechas se habla mucho de lo que ocurre en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Han proliferado noticias sobre el uso y abuso de recursos de esa institución por la anterior administración, sobre los cambios que propone la nueva dirección y, en los primeros días de febrero de 2019, sobre el nombramiento de funcionarios cuya preparación está muy alejada de lo que se esperaría en quienes trabajen en la institución responsable de la política científica y tecnológica de México.

Aunque la magnitud de las críticas hizo que se diera marcha atrás en los nombramientos y el propio presidente de la república se pronunció al respecto, lo cierto es que tales nombramientos nunca debieron ocurrir. El sector de la ciencia y la tecnología es uno de los que cuentan con la mayor cantidad de gente preparada para emprender las tareas que hoy son necesarias para nuestro país.

Muchos de ellos, votaron el pasado primero de julio por dejar atrás las políticas dominantes durante más de tres décadas. Muchos de ellos han debido dedicarse a otras actividades a causa del abandono oficial en que las instituciones del sector han estado durante años. No debió ocurrir.

El escándalo generado opacó la presentación a la Cámara de Senadores de una iniciativa de Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, que se pretende sustituya a la actual Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, y que modificaría la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. Como en el pasado, apenas algunos organismos e instituciones relacionadas con la investigación científica se han enterado y pronunciado al respecto. Para el público en general, la noticia se quedó en los nombramientos de un estudiante y una diseñadora de modas como funcionarios de Conacyt.

Desde antes de la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador se empezó a dar alguna información sobre las intenciones de cambio en el sector de ciencia y tecnología y específicamente en Conacyt. Sin embargo, lo fragmentado de la información y una serie de intercambios epistolares poco claros entre la anterior dirección de Conacyt y el equipo de transición, arrojaron más dudas sobre el futuro del sector que elementos sobre los cambios que se pretendía implementar.

La iniciativa ahora presentada propone cambios radicales a la organización y funcionamiento que hasta ahora ha tenido este sector. Como los temas de la reforma laboral, de la energía o del aeropuerto, el de la ciencia y tecnología (y ahora también de las humanidades) debe ser un tema de interés nacional.

A diferencia de los anteriores cambios legislativos en la materia, hoy es necesario abrir un período de información y discusión nacional en el que se tome en cuenta en primer lugar, la opinión de investigadores, académicos, trabajadores y estudiantes de las instituciones en las que se realizan actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico (y humanidades) pero en el que pueda participar toda la sociedad.

Esta iniciativa, así como las propuestas, opiniones o críticas que en el tema de ciencia surjan de cualquier sector de la sociedad, deben ser analizadas con todo cuidado, si se quiere que, como todo mundo afirma, la ciencia y la tecnología jueguen un papel de primera importancia en el desarrollo soberano de México, o en su transformación, si se prefiere.

Un aspecto que sin ser central, no deja de llamar la atención, es que la iniciativa sea presentada por una senadora que no es integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, sino de las de Agricultura, Anticorrupción, Cultura, Justicia y la segunda de Estudios Legislativos, la cual preside. El motivo podría ser que la Comisión de Ciencia y Tecnología en el Senado la preside el PRI.

En la exposición de motivos se señala que “ las humanidades, ciencias y tecnologías están llamadas a reivindicar su papel en la vida pública y en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. De lo que se trata es de poner las capacidades de investigación y desarrollo tecnológico del país al servicio del pueblo de México y de los intereses nacionales”.

Se hace un recuento de los antecedentes legislativos en la materia, desde la expedición de la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica , que fue abrogada en 2002 para la entrada en vigor de la Ley de Ciencia y Tecnología , misma que ha sido modificada en nueve ocasiones: tres durante la administración de Vicente Fox Quesada, tres más en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y otras tres veces en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Con las modificaciones, se agregó al nombre de la Ley el término Innovación , mismo que se puso en el centro de las políticas en la materia.

Se señala que la legislación vigente no ha logrado que las humanidades, las ciencias y las tecnologías aporten al desarrollo integral de la Nación, y que se favorece hasta la fecha el interés privado en perjuicio de la sociedad mexicana sin contribución alguna al desarrollo nacional, no obstante que se usan fondos públicos a través de instancias de gobierno.

Se hace referencia a la iniciativa presentada en abril de 2018 por el Ejecutivo Federal en la que se pretendía sentar las bases jurídicas para garantizar la permanencia de la política sectorial al margen de los gobiernos federales en turno. Adicionalmente, la reforma contemplaba un rediseño institucional de los órganos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y la reestructuración de los mecanismos de financiamiento, especialmente en materia energética.

Esta propuesta, se afirma en la exposición de motivos, fue apoyada por la directiva del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, así como el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, y fortalecía esquemas y mecanismos diseñados para facilitar que empresas privadas, a través de la mediación de instancias estatales, se sirvan de los recursos públicos para financiar sus emprendimientos sin riesgos ni costos y sin responsabilidad social.

Hoy, lo que se requiere –continúa la exposición de motivos- son cambios en la normatividad de ciencia y tecnología que recuperen los aportes técnicos y sustantivos de legislaturas pasadas sin que ello suponga profundizar los mecanismos y esquemas impulsados en las administraciones anteriores, sino que más bien el nuevo gobierno dé un golpe de timón en la materia para garantizar que la investigación y el desarrollo tecnológico se traduzcan en bienestar para la sociedad, de conformidad con los mandatos constitucionales que rigen las formas y objetivos del desarrollo nacional y definen al Estado como garante de los derechos del pueblo de México.

Esta iniciativa plantea la recomposición de los órganos de decisión y ejecución del Sistema y la consiguiente concentración en el Consejo, que ahora sería de Humanidades, Ciencia y Tecnologías, de funciones y atribuciones estratégicas hasta ahora dispersas en múltiples órganos del sistema y diversas instancias de la Administración Pública Federal.

Se propone la reorganización de los espacios y mecanismos de coordinación y colaboración con las dependencias y entidades públicas, federales y locales, de los Centros Públicos de Investigación, así como de los medios de consulta y participación de la comunidad académica, científica y tecnológica y los sectores público, social y privado, evitando -se señala- la creación de nuevos órganos autónomos de cabildeo.

Con la reorganización propuesta, el CONHACYT asumiría directamente las funciones del Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, la Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación. Igualmente, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología asimilaría a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados.

Con aprobación de esta Ley, quedarían abrogadas la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y en su articulado, para el que se proponen 87 artículos distribuidos en 9 Títulos, incluiría lo relativo a la pendiente ley orgánica de los centros públicos de investigación.

A reserva de abordar en una siguiente entrega algunas de las propuestas de esta iniciativa, hay dos aspectos de suma importancia para las instituciones y sus trabajadores. Por un lado, se reitera en el artículo 31 propuesto que “e l monto anual que el Estado destine a las actividades de investigación y desarrollo tecnológico deberá ser tal que el gasto nacional en este rubro no podrá ser menor al 1% del producto interno bruto del país, mediante los mecanismos e instrumentos de fomento y apoyo previstos en la presente Ley y en otros ordenamientos aplicables”. Sin embargo, el mismo artículo señala que “En tanto no se alcance la meta del 1% del producto interno bruto, el presupuesto federal en humanidades, ciencias y tecnologías deberá registrar anualmente un incremento sostenido real con respecto al del año fiscal inmediato anterior”, lo que deja abierta la puerta para su incumplimiento y ni siquiera establece un plazo para lograrlo.

En lo que respecta a los trabajadores y sus derechos, simplemente se dice en el artículo 11 que “Los trabajadores del CONAHCYT continuarán incorporados al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado” y en un transitorio se dice que “La entrada en vigor de esta Ley no afectará los derechos laborales adquiridos por los trabajadores del organismo”.

Un aspecto positivo que se plantea está en las atribuciones que se dan al Director del Consejo, ya que la fracción XXIII del artículo respectivo establece: Celebrar el Contrato Colectivo de Trabajo del CONAHCYT. Esto debe aprobarse y hacerse extensivo a todos los trabajadores de los centros públicos de investigación. Actualmente, los trabajadores de Conacyt y de los centros de investigación están bajo muy distintos regímenes laborales. Algunos tienen contratos colectivos de trabajo y son sujetos del apartado A del artículo 123 constitucional, mientras que otros están encuadrados en el apartado B y tienen condiciones generales de trabajo. Muchos más, carecen de organización y les son negados todos sus derechos laborales. La ley debe ser clara al respecto, los investigadores, personal de apoyo y administrativo de las instituciones de investigación (y humanidades) son trabajadores y deben ser respetados todos sus derechos laborales, incluidos por supuesto los de organización, contratación colectiva, estabilidad en el empleo y seguridad social. Su alta calificación no debe ser usada como pretexto para aplicarles un régimen laboral de excepción.

guillen.s.carlos@gmail.com

 

 
   
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
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