Año 3. No.197. del 08 al 14 agosto 2009.
México,D.F.
www.frecuencialaboral.com: Premio Comunicación Alternativa

Corrupción Sindical

 

SINDICALISMO DE PROTECCION, NEGOCIO MILLONARIO

*EL 90% DE LOS CONTRATOS EN MEXICO, DE PROTECCION

 

Por Regina Vargas

 

Los trabajadores mexicanos cada vez más están contra la pared por el alarmante desempleo, los bajos salarios y la contratación colectiva de protección, la cual representa en el 90 por ciento de la existente en el país, liquidando los derechos colectivos de los empleados, aseguran los investigadores laboralistas Alfonso Bouzas y Luis Olivier Reyes.

 

Durante la presentación del libro “Evaluación de la Contratación Colectiva en el Distrito Federal”, auspiciado por la fundación Friedrich Ebert y apoyado por la UNAM, el pasado 5 de agosto del 2009, se dijo que entre los principales personajes que ostentan ese tipo de contratos, está Ramón Gámez, llamado El Zar en la materia, prófugo de la justicia; Víctor Manuel Mendoza y Rubén Romo (con 945 contratos), quienes han convertido de esto un negocio familiar con el contubernio de autoridades

El profesor universitario, Alfonso Bouzas aseguró que México es el único país en donde prácticamente en todos los sectores los trabajadores quedan en condiciones de contratación simulada.

 

Mauricio Aguilera, integrante de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) de México, fue el encargado de comentar el texto, Y ahí denunció que la mayoría de las líneas aéreas de bajo costo, las pequeñas y algunas extranjeras tienen contratos de protección, en su mayoría, con los sindicatos de Ramón Gámez.

 

En el caso de este último dirigente, prófugo de la justicia, son innumerables los sindicatos que tiene bajo su “tutela”, detenta los contratos colectivos de Cinemex y de casi todas las tiendas comerciales de esta ciudad. En el caso de Rivas Aguilar, esta familia controla 19 sindicatos de diversas áreas; así como Víctor Manuel Mendoza y Rubén Romo, quienes “administran” 945 contratos.

 

En su oportunidad, Luis Oliver Reyes afirmó que para identificar si se está ante un contrato colectivo de protección patronal, se pueden considerar 10 evidencias como la revisión física, prestaciones en el piso de la Ley Federal del Trabajo, una empresa con más de un establecimiento celebra contratos iguales con diversos sindicatos y se celebra por establecimiento.

 

Dirigentes sindicales de múltiples capacidades laborales, se firman los contratos antes de que la propia empresa se instale; la terciarización, es decir trabajadores contratados a través de otras empresas, el derecho exclusivo de la empresa a contratar trabajadores.

 

Para Bouzas contrarrestar este fenómeno que daña los derechos de los trabajadores, no es un asuntos de buenos, malos y feos, sino que todos los interesados y a quienes les compete, deben estar involucrados. De no hacer algo, se puede convertir como una olla express a punto de estallar.

 

El texto resalta que un contrato de protección se caracteriza porque el patrón, aliado con el gobierno escoge sindicato como en cualquier relación comercial de compra venta.

 

Evita la intervención de los trabajadores en la gestión y negociación de sus condiciones de trabajo. Es decir, no hay una negociación bilateral.

 

Son detentados por titulares que no han sido electos democráticamente por la mayoría de los trabajadores que dicen representar y son administrados o revisados sin la intervención de los empleados.

 

En la industria de la construcción 67 sindicatos manejan 2 mil 273 contratos colectivos, bajo el cobijo de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos y la Confederación de Trabajadores de México.

 

La corrupción ha permeado totalmente el ámbito sindical, indicó Bouzas; “México es el único país donde prácticamente en todos los sectores de la actividad económica los trabajadores están en condiciones de contratación simulada”.

 

Estos sindicatos “fantasma” usan machotes de contratos colectivos que sólo rellenan con los nombres de los trabajadores; firman los contratos antes de que la propia empresa se instale, como en el caso de Wal-Mart. Aceptan contratos a prueba, aunque la ley lo prohíbe.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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