Año 6. No. 337. del 13 al 19 mayo 2012

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Por Daños al Patrimonio y Bienestar de los Mineros

JAVIER LOZANO ENFRENTARÁ DEMANDAS PENALES

*Abusó de su Autoridad al Pretender Erigirse como Arbitro Electoral Sindical

 

Por Jesús Luna Arias, Especialista en Derecho Laboral

Colaborador de Frecuencia Laboral

El sindicato minero tiene el derecho de realizar acciones penales contra el ex titular de la secretaria de trabajo, Javier Lozano, actual candidato al senado de la República por daños a su patrimonio y a la estabilidad laboral de sus trabajadores, debido a su negativa de otorgarle el reconocimiento oficial o toma de nota hace 4 años. Ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a la autoridad laboral entregar ese renocimiento a Napoleón Gómez Urrutia, él puede actuar penalmente también en contra de esa autoridad si esta se negare a cumplir el mandamiento del máximo tribunal del país.

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de ordenar a las autoridades laborales otorgar el reconocimiento oficial (o toma de nota) al líder minero, Napoleón Gómez Urrutia, el pasado 04 de mayo del 2012, constituye un avance espectacular en beneficio de todos los sindicatos de México. Ya que esta determina que; ninguna dependencia administrativa del gobierno tiene la facultad para impedir que se manifieste la voluntad libre de los trabajadores, tanto para elegir a sus dirigentes como para tomar los acuerdos con respeto a su autonomía y libertad sindicales.

Los magistrados señalaron que la Secretaría del Trabajo no puede constituirse como autoridad electoral "para calificar los procesos de elección de los dirigentes sindicales y solo debe limitarse a verificar el cumplimiento de los requisitos de la Ley Federal del Trabajo". Con esta resolución de la SCJ se da un revés a la negativa que hiciera hace cuatro años el Gobierno federal por conducto de su titular de la Secretaria de Trabajo Javier Lozano, en negar el reconocimiento a el C. Gómez Urrutia como Secretario General del sindicato minero.

El Pasado día 2 de mayo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en forma definitiva que la Secretaría del Trabajo entregue el reconocimiento oficial, o toma de nota, al sindicato minero, y a su dirigente Napoleón Gómez Urrutia como su secretario General, Habrá que recordar que el 24 de junio de 2008 la Secretaría del Trabajo negó a Gómez Urrutia la toma de nota del sindicato minero en el expediente laboral 10/670-23.

El entonces titular el C Lic. Javier Lozano, pretendía crear toda una ilegalidad al estar por encima de lo que dice la ley Federal de Trabajo, respecto al procedimiento administrativo, en la cual las organizaciones sindicales una vez que realizan sus procesos electorales, informan a las autoridades de trabajo, de sus cambios en su representación, sin embargo el Lic. Lozano y de una manera ilegal decidió que no se otorgaría el reconocimiento de la dirigencia del sindicato minero, por el hecho que el C. Napoleón Gómez Urrutia no había sido trabajador minero en los últimos cinco años.

Con este planteamiento se habría un camino muy difícil para las organizaciones sindicales, ya que queda a criterio del gobierno que organizaciones sindicales o que dirigentes electos por sus agremiados le son o no adecuados a su políticas e intereses, ya que mediante la interpretación (sin sustento) de la Ley Federal de Trabajo, podrían o no otorgar el reconocimiento o Toma de Nota a las representaciones sindicales

Esta es una experiencia que los sindicatos autónomos y democráticos de México pueden y deben valorar y aprovechar. No podemos permitir que los funcionarios que están encargados de administrar justicia, aprovechando la falta de voluntad de otras autoridades, como es el caso de la cámara de diputados quienes en primera instancia deben aplicar sanciones a quien haya sido responsable de causar perjuicios a un colectivo, en el caso una organización sindical, y al amparo de sus puestos (Baste recordar que el Lic. Lozano busca un puesto en el senado) sigan causando daño económico, social, y moral, tanto a las organizaciones sindicales como al país.

Esta campaña y puesta en marcha de desconocer a dirigentes se utilizaron recursos de una secretaria de trabajo, lo cual ocasiona un detrimento a su patrimonio mismo que le es asignado mediante un presupuesto y somos los ciudadanos quienes con nuestro impuestos se cubren estos recursos, consecuentemente al existir un daño considero se le deben fincar responsabilidades administrativas e incluso penales a este funcionario y a quien en ejercicio de su función realice este tipo de actos.

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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