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2018, otro año difícil para los trabajadores

Por Juan Vásquez Ramírez

Sin duda, el problema económico más importante para los trabajadores mexicanos es el incesante incremento de precios desatado por el “gasolinazo” y la devaluación del peso, procesos que están lejos de detenerse.

El año pasado, la inflación –medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)- experimentó el mayor ritmo de crecimiento de los últimos diecisiete años, 6.77 por ciento, respecto a 2016.

Los precios que influyeron más en ese repunte, fueron los de las gasolinas, el diesel, el gas LP, alimentos, bebidas y tabaco, productos agropecuarios -en especial las frutas y verduras- y otros servicios como loncherías, fondas, taquerías, restaurantes y similares, que son de los precios que más peso tienen dentro de la ponderación del INPC.

Por su parte, el índice de precios de la Canasta Básica que integra el

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reportó un incremento mayor, 9.6 por ciento, lo que evidencia que la inflación está afectando más a los estratos más humildes de la población.

Aún así, como bien lo saben nuestros radioescuchas, esos indicadores globales no alcanzan a reflejar el impacto que tienen en la economía familiar, incrementos de precios individuales del orden de 20, 25, 40, 50, y hasta 100 por ciento, por momentos, como es el caso del jitomate.

Desde enero del año pasado el gobierno y sus voceros andan anunciando la temporalidad de la inflación, pero: 1) en 2017 no cedió, y este año inició con nuevos incrementos de precios (gasolinas, gas LP, huevo, tortilla); 2) hay procesos en puerta (renegociación del TLCAN, alzas de tasas de interés en Estados Unidos y México, entre otros) que pueden presionar al peso y esto elevar los precios de mercancías que se importan; y 3) quizá lo más importante, el incremento de precios debe considerarse en relación con los ingresos disponibles para hacerle frente.

La élite gobernante y política del país, por no hablar de la empresarial, llaman a la serenidad y confianza, porque sus ingresos les permiten afrontar cualquier proceso inflacionario, cualquier situación económica adversa.

Según el Presupuesto de Egresos de la Federación, en este año el Presidente de la República devengará un sueldo mensual neto, libre de polvo y paja, de 259 mil 633 pesos (97 veces el salario mínimo), y los secretarios de Estado de 242 mil 377 pesos (90 veces el salario mínimo), y claro está que con esos ingresos mensuales cualquiera ve el futuro con optimismo.

Pero no es el caso de la mayoría de la población del país, porque en México se ha carecido históricamente de estrategias y políticas -públicas y privadas-, que tiendan a elevar los ingresos y las condiciones de trabajo y de vida de la mayoría de los trabajadores.

En el presente sexenio, por ejemplo, si bien por un lado aumenta el empleo formal (asegurados en el IMSS) en poco más 3 millones 300 trabajadores (en el lapso 2013 a noviembre de 2017), por otro lado se precariza el empleo, al aumentar la proporción de los trabajadores peor pagados, y disminuir la de los trabajadores relativamente mejor pagados.

En 2017 (cifras hasta septiembre), 7 millones 455 mil trabajadores devengaron hasta un salario mínimo mensual (2 mil 433 pesos), y 14 millones un salario mensual de entre uno y hasta dos salarios mínimos (4 mil 866 pesos mensuales). Con esos ingresos, el 41 por ciento de la población ocupada enfrentó el vendaval que desató el gasolinazo. En igual lapso de 2012 representaron el 37 por ciento de la población ocupada. (Leer Noticia Relacionada: 3 MILLONES MÁS EN POBREZA LABORAL link: http://www.frecuencialaboral.com/pobrezasalarialcrecio2017.html)

En cambio, los trabajadores que ganaron el año pasado, de tres y hasta cinco salarios mínimos fueron 6 millones 667 mil (7 mil 230 pesos a 12 mil 166 pesos mensuales), y los que ganaron más de cinco salarios mínimos (12 mil 167 pesos en adelante), apenas 2 millones 735 mil personas. Estos últimos representan el 5.2 por ciento de la población ocupada, en tanto que en 2012 representaban el 8 por ciento.

En 2018 será la misma historia. Aun con el incremento de 10.4 por ciento para este año, el salario mínimo es de apenas 2 mil 686 pesos al mes, 253 pesos más respecto al previo, pesitos que empezaron a ser devorados al día siguiente de su entrada en vigencia, el primero de diciembre de 2017, porque coincidió con la liberalización de los precios de la gasolina, el 30 de noviembre.

Además, los salarios “profesionales” y contractuales seguramente no aumentarán en 2018 en ese 10.4 por ciento del salario mínimo.

El grave problema social que representa el incremento de precios en México, pues, es el bajísimo importe de los salarios con que cuentan la mayoría de la población para hacerle frente.

Los empresarios y el gobierno dicen que no se pueden mejorar los salarios por decreto, que dependen de la productividad. Pero en México esa es una verdad a medias, y por tanto conveniente al “statu quo”, al estado de cosas actual y los que se favorecen de él.

La industria automotriz ilustra la debilidad de ese argumento. Ningún gran empresario en su sano juicio, ni el Presidente, se atreverían a decir que la productividad de los obreros mexicanos de la industria automotriz es inferior, o no comparable con la productividad de los trabajadores automotrices de Estados Unidos. La mejor prueba de ello es que las exportaciones principales de México a ese país son precisamente de automóviles.

Pero los salarios de los trabajadores mexicanos en esa industria sí que son muy inferior a la de los obreros estadunidenses: según el INEGI, en 2017 el salario de los trabajadores mexicanos en la industria de equipos de transporte fue de 2.53 dólares por hora, en tanto que en Estados Unidos el salario manufacturero fue de 20.84 dólares por hora. Un obrero manufacturero estadunidense gana en una hora lo que un obrero mexicano en la industria automotriz gana en un día.

De aquí al primero de julio, los trabajadores mexicanos deberían prestar atención a las propuestas que hagan los candidatos de los distintos partidos políticos y alianzas que buscan ganar la Presidencia de la República y demás cargos de elección popular, y decidir si apoyan a quienes insisten en mantener las políticas que han conducido al país a la situación actual, o le dan el beneficio de la duda a quienes propongan una estrategia y políticas económicas y sociales diferentes, a nivel nacional, estatal y municipal, si tales se presentan.