Año 5. No. 300. del 20 al 27 ago 2011

México,D.F.
www.frecuencialaboral.com: Premio Comunicación Alternativa

 

Violan la Constitución con los Contratos Incentivados

REPRIVATIZAN ABIERTAMENTE AL PETRÓLEO

*Como Hace un Siglo...las Transnacionales Ocupan a Mexicanos sin Prestaciones y Bajos Salarios

*El artículo 27 Constitucional Establece que en el Caso del Petróleo no se Otorgarán Concesiones ni Contratos.

*Obligan a sus Trabajadores Firmar la Renuncia de sus Derechos Para Contratarlos.

 

Por María de Lourdes Martínez González

Periodista de Frecuencia Laboral

 

Comenzó en México la privatización abierta de la riqueza petrolera. El pasado 18 de agosto del 2011, la administración de la paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX) otorgó tres "contratos incentivados" a dos empresas para extraer crudo y quedarse con el diez por ciento del hidrocarburo que extraigan. Esto es flagrantemente violatorio del artículo 27 constitucional, el cual establece que no tendrán ningún vigor las concesiones o contratos que se hagan en materia de petróleo y carburos de hidrógeno sólido, líquido o gaseoso.

El artículo 27 constitucional señala textualmente que "corresponde a la nación el dominio directo de...el petróleo y todos los hidrocarburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gasoeses...tratándose de petróleo y de los carburos de hidrógeno....NO SE OTORGARAN CONCESIONES NI CONTRATOS, NI SUBSISTIRAN LOS QUE, EN SU CASO, SE HAYAN OTORGADO Y LA NACION LLEVARA A CABO LA EXPLOTACION DE ESOS PRODUCTOS".

Al respecto Mario Galicia, coordinador del Comité Nacional de Estudios de la Energía, dijo que lo peor de todo es que los contratos incentivados que se otorgaron a las empresas petroleras privadas no harán crecer a la economía nacional, sino por el contrario, a pesar de que la riqueza que obtienen las contratistas explotando el petóleo mexicano, ocupan personal mexicano eventualmente, sin prestaciones sociales y con bajos sueldos.

"Vienen compañías extranjeras -algunas de las cuales ya están operando en la planta de Cadereyta, en el Estado de Querétaro- y llegan con personal extranjero, traen a sus ingenieron extranjeros y dejan en el desempleo a los ingenieros mexicanos...y a los pocos trabajadores que ocupan los mantienen sin contrato y con un bajo n ivel de ingresos y sin seguridad social".

Los contratos incentivados fue un invento del gobierno de Felipe Calderón, con el apoyo de la mayoría de diputados y senadores que los aprobaron por ley, violentando los preceptos del artículo 27 constitucional, luego que no pudo modificar la constitución para privatizar al sector petrolero mexicano, tras una consulta pública en la Cámara de Senadores, en donde -entre otros- el premio Nóber del Química, 1995 Mario Molina Henriquez, desmintió el argumento principal del gobierno calderonista de que era necesario privatizar porque en México nos estabamos quedando sin petróleo. Dijo que en México primero nos moriríamos todos antes de que se acabara el petróleo.

Pero desde 2002 en PEMEX ya había puesto en marcha los contratos de servicios múltiples, también inconstitucionales, denunció el Contador Público Alberto Núñez, Presidente de Sociedad en Movimiento, quien evidenció que a PEMEX le cuesta más caro contratar sevicios con empresas privadas que realizar las mismas tareas con su propio personal sindicalizado.

"En 2002 César Nava, - que en ese momento era abogado general de Pemex y posteriormente, entre 2006 y 2010 fue secretario particular de Felipe Calderón- contrató a la empresa “Price Waterhouse Coopers”, para diseñar el modelo de Contratos de Servicios Múltiples, “Price Waterhouse” subcontrató a la empresa “Magleo Dixon LLP”, también para diseñar los contratos..."

Para ejemplificar lo que esconden esos contratos múltiples explicó que cuando los pusieron en marcha en una planta recuperadora de azufle, el costo directo para PEMEX, por hacer ese trabajo por su cuente y con su personal, era de cinco mil 200 dólares diarios... al final PEMEX pagó 21 mil 833 dólares diarios a la empresa privada que contrató para hacer esa tarea, cuatro veces el costo directo del mantenimiento. (Leer Noticia Relacionada: "JUSTIFICAN LA PRIVATIZACIÓN DE PEMEX")

Otro ejemplo de estas transacciones inustificables y que le originan pérdidas millonarias al país, es el contrato que el actual gobierno calderonista y los directivos de Petróleos Mexicanos firmaron con Repsol Comercializadora de Gas, propiedad de Juan Carlos, rey de los españoles. El gas natural y la luz eléctrica generada con este se ha encarecido porque PEMEX quema (desaparece) el 98% del gas natural que produce el subsuelo mexicano, para que Repsol haga un coyotaje, comprando ese hidrocarburo en a Perúa 90 centavos de dólar y revendiendolo a México a más de 14 dólares por un contrato que firmó desde el 2007 con vigencia hasta el 2020. Transacción por la cual obtiene ganancias anuales por más de 15 mil millones de dólares, según la Asociación Civil "Energía y Desarrollo, A.C." (Leer Noticia Relacionada: "PEMEX ENRIQUECE A REPSOL, S.A.")

Mario Galicia, coordinador del Comité Nacional de Estudios de la Energía consideró que eso mismo pasa con los contratos incentivados que empezaron a entregarse el pasado 18 de agosto del 2011, a la petrolera británica Petrofac Facilities Management Limited, para servicios de exploración y producción en los campos Santuario y Magallanes. Y la empresa mexicana, originaria de Monterrey, Administradora en Proyectos de Campos, para el campo Carrizo, zonas ubicadas en el estado de Tabasco, en el sureste mexicano. Por ahora son tres contratos incentivados.

El coordinador del Comité Nacional de Estudios de la Energía acusó a Felipe Calderón, presidente de México y al director de Pemex, Ernesto Suárez Coppel, de entregar los bienes de la nación a empresas privadas extranjeras y nacionales, quitándole a los mexicanos lo que le pertenece y encareciendo los servicios con costo para Petróleos Mexicanos.

"Entregan una superficie de aproximadamente 312 kilómetros cuadrados, una reserva de 207 millones de barriles de petróleo equivalente y una producción actual de 14 mil barriles diarios, por un período de 20 años, con posibilidad de renovarlo por otros 20 años...esto quiere decir que están vulnerando totalmente la soberanía de nuestro país".

El 30 de julio del 2011 Petróleos Mexicanos (Pemex) Exploración y Producción dio a conocer a las 18 empresas precalificadas para licitar la operación y extracción de hidrocarburos en Tabasco, entre las que se encuentraba la Perforadora Central, sobre el organismo defensor de los derechos humanos "Centro de Acción y Reflexión Laboral" (CEREAL) advirtió que existe un veto ciudadano por la responsabilidad de la muerte de 22 trabajadores petroleros mexicanos en la Plataforma Usumacinta, en la sonda de Campeche, el 23 de octubre del 2007, donde también resultaron lesionadas 28 personas.

"Pemex toleró en su momento a Perforadora Central y ahora la preclasifica como probable beneficiaria de millonarios contratos incentivados. La plataforma Usumacinta, según la CNDH, funcionaba en condiciones que no garantizaban cabalmente la integridad física y la vida de los trabajadores y acreditó, con evidencias, la existencia de violaciones a los Derechos Humanos de los trabajadores que labora(ba)n en instalaciones tanto de Pemex como de las empresas subcontratadas, con motivo del incumplimiento a las normas y reglamentos de seguridad que se requieren para laborar sobre las plataformas petroleras, así como por la deficiente capacitación y equipo proporcionado a los obreros”.

Agregó que estas empresas petroleras contratistas tienen la característica de someter a una explotación salvaje a sus trabajadores.

"Desde el 6 de noviembre del 2003, el Senador Moisés Castro Cervantes, a petición de un grupo de trabajadores de compañías contratistas al servicio de PEMEX en las plataformas marinas planteó que...estas compañías obligan, como condición, a firmar contratos individuales de trabajo en blanco; la afiliación a sindicatos de protección o “blancos” es forzada, las hojas de afiliación también se firman en blanco; se obliga también, a firmar renuncias anticipadas al trabajo o a los derechos (condición para percibir sus salarios); la antigüedad es negada (arguyen que se trabaja bajo contratos de obra determinada), cuando la gran mayoría de empresas no han dejado de recibir los servicios de la gente desde 1990”.

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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